LA INDIGNIDAD DE LA PERSECUCIÓN CONTRA LOS EXTRANJEROS 10 09 2026
La política migratoria impulsada por la
administración de Donald Trump contra las personas extranjeras constituye una
grave expresión de desprecio hacia la dignidad humana. Presentar a quienes
migran como delincuentes, invasores o amenazas colectivas no solo fomenta el
odio y la xenofobia, sino que también deshumaniza a millones de personas que,
en muchos casos, huyen de la pobreza, la violencia, la persecución política o
la falta de oportunidades.
Ningún ser humano pierde sus derechos
por encontrarse fuera de su país de origen o por no tener una situación
migratoria regular. La dignidad, la integridad física, la libertad y el derecho
a un debido proceso no dependen de la nacionalidad. Sin embargo, las políticas de
persecución, detención y deportación masiva han expuesto a personas extranjeras
a procedimientos arbitrarios, separación familiar, encierros prolongados y
condiciones indignas.
El Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha sido denunciado en numerosas ocasiones por
detenciones injustificadas, abusos de autoridad, falta de atención médica
adecuada, hacinamiento, negligencia y dificultades para acceder a abogados y
tribunales; al mismo estilo del Fascismo Nazi. Cuando una persona es detenida
sin información clara sobre sus derechos, separada de sus hijos o sometida a
tratos degradantes, no estamos ante una simple aplicación de la ley: estamos
ante una posible violación de los derechos humanos.
También resulta especialmente grave la
criminalización de quienes solicitan asilo. El derecho internacional reconoce
que toda persona perseguida tiene derecho a solicitar protección. Rechazarla
automáticamente, devolverla a un lugar donde corre peligro o impedirle
presentar su caso ante una autoridad imparcial puede violar el principio de no
devolución, una garantía esencial del derecho internacional de los refugiados.
La separación de familias constituye una
de las formas más crueles de violencia institucional. Niños y niñas han sido
apartados de sus padres como consecuencia de decisiones administrativas que
desconocen el impacto psicológico y emocional de esas medidas. El trauma, la
ansiedad, la depresión y la incertidumbre pueden acompañar a estas familias
durante toda la vida. Ninguna política migratoria debería utilizar el
sufrimiento infantil como mecanismo de intimidación o castigo.
La defensa de las fronteras y la
regulación de la inmigración pueden ser responsabilidades legítimas de un
Estado, pero no pueden ejercerse al margen de los derechos humanos. La
seguridad no justifica la tortura, el racismo, la detención arbitraria, la separación
familiar ni la negación del debido proceso. Tampoco puede aceptarse que la
condición migratoria sea utilizada para justificar humillaciones, abusos o la
negación de atención médica y asistencia jurídica.
Perseguir a las personas extranjeras por
su origen, idioma, apariencia o situación documental contradice los principios
de igualdad y no discriminación. Una sociedad democrática no se mide únicamente
por la forma en que trata a sus ciudadanos, sino también por el trato que
brinda a quienes se encuentran en una posición de vulnerabilidad. ¿Que hubiese dicho
el Presidente Washington o Lincoln ante tal atrocidad? Este tipo Estado así, no
lo deseamos, pero si por un Estado Asociado, donde la constitución y nuestro
linaje gentil, abierto permanezca en el corazón de Venezuela.
Dr. José E. Pons B. /@JosePonsB / autor del Libro: El Estado Psicosocial Latinoamericano.
Comentarios
Publicar un comentario